Juan José Linz es el español que más ha contribuido al estudio de los sistemas políticos. Sus obras ya son clásicas y, con toda razón, existe un instituto que lleva su nombre en la Universidad Carlos III de Madrid.

Uno de sus trabajos más célebres es “Los problemas del presidencialismo” (“The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, 1990), en el que formula la hipótesis de que las democracias presidenciales son más inestables que las parlamentarias.

Esa hipótesis recibió un sólido apoyo empírico en “Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990”, de Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi. Con datos de 135 países entre 1950 y 1990, las democracias parlamentarias muestran una probabilidad de supervivencia mucho mayor que la de las presidenciales.

El resultado no es tan concluyente como nos gustaría, porque hay un problema de endogeneidad: los sistemas presidenciales suelen surgir tras dictaduras militares y en contextos golpistas. Pero, controlando por ese efecto lo mejor que se puede, sigue habiendo evidencia bastante clara de que las democracias presidenciales son más inestables. Trabajos posteriores lo cuantifican: con datos de 1946 a 2002, la vida esperada de una democracia presidencial rondaba los 24 años, frente a los 58 de una parlamentaria.

El motivo es sencillo. En una democracia presidencial hay dos fuentes de legitimidad, la del presidente y la del parlamento, y, en ausencia de un árbitro claro, esas dos legitimidades tienden a chocar. A ello se suma la rigidez de los mandatos fijos: cuando el conflicto estalla, no hay válvula de escape.

Incluso en Estados Unidos, con un Tribunal Supremo dotado de gran auctoritas, los enfrentamientos entre el presidente y el Congreso son constantes y, más de una vez (como los cierres de la Administración o las crisis del techo de deuda pública), han estado a punto de provocar problemas serios.

Las democracias parlamentarias están, además, claramente asociadas con un mejor desarrollo humano y económico y con menos corrupción (Gerring, Thacker y Moreno, “Are Parliamentary Systems Better?”, Comparative Political Studies, 2009), aunque, de nuevo, arrastramos problemas de endogeneidad. En general, son más eficaces para evitar personalismos e imponer la rendición de cuentas.

A fin de cuentas, todos estaremos de acuerdo en que no hay mejores democracias en el planeta que las de Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia o Nueva Zelanda, y todas son democracias parlamentarias sin “separación de poderes” ni sistemas mayoritarios uninominales.

Por eso, yo estoy en contra de tener una elección separada de presidente del gobierno (a una o dos vueltas) o de cambiar en exceso la ley electoral, y mi reforma favorita sería debilitar el cerrojo de protección que nuestro presidente tiene en este momento en la Constitución de 1978, con la necesidad de una moción de censura constructiva (por ejemplo, forzando unas elecciones si los presupuestos no salen adelante).

A usted puede que no le guste la situación actual en España. A mí tampoco. Pero podría ser peor. Cambiar no significa mejorar.

Pero sea cual sea la posición que uno adopte en estos debates, la lección principal que quiero transmitir hoy es otra.

Los sistemas electorales, el grado de división de poderes, la relación entre ejecutivo y legislativo, etc., no son cosas que debamos diseñar a partir de razonamientos filosóficos a priori, sino a partir de la evidencia histórica e internacional y de modelos cuantitativos en los que los agentes (votantes, políticos, partidos) toman decisiones respondiendo a los incentivos y las restricciones a los que están sometidos.

Esto lleva, claro, a muchas decepciones. Es mucho más fácil escribir un libro de 300 páginas teorizando sobre la necesidad de una estricta separación de poderes o sobre “la representatividad” que arremangarse y estudiar durante años los detalles empíricos de si un sistema mayoritario sirve de verdad para rendir mejor cuentas a los votantes.

En España, donde la formación siempre ha sido de letras (incluso hoy, en buena medida), esto de mirar la evidencia histórica e internacional o de resolver un problema de interacción estratégica resbala mucho. En dos años completos de Derecho Político en la carrera (años de los que no me puedo quejar: tuve dos profesores excelentes, al menos dentro de la tradición de la que venían), leímos todo lo leíble de filosofía política y teorizamos todo lo teorizable sobre “la representatividad”, pero no miramos un solo dato.

Y resbala, además, porque cuando uno trabaja en serio en un problema descubre muchas veces que lo que creía que era la respuesta no lo es. A mí me ocurre constantemente; por eso escribo trabajos académicos. Diría que en al menos la mitad de lo que tengo publicado el resultado no era el que esperaba cuando empecé. Sospecho que a los filósofos de salón que escriben grandes tratados no les pasa nunca: su opinión es siempre la misma, porque ya conocen la “verdad”.

Por eso, cuando leo las decenas de comentarios que me dejan sobre que “esto es más democrático” o “esto funcionaría mejor”, sin una sola referencia histórica e internacional (o, en el mejor de los casos, con un conocimiento superficial de cómo funcionan los sistemas políticos de otros países o la repetición de tópicos infundados), siento que es difícil mejorar el debate en España.

Pero miremos los datos. De hecho, es mucho más divertido que leer otro libraco de filosofía política.

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